El plan de ayudas a la compra de automóviles que el Gobierno había prometido desde antes del verano, será aprobado antes de que acabe el año. Cuando se dio a conocer este programa, que cuenta con unos fondos de 50 millones a cargo de los Presupuestos del Estado para este año, siempre se habló de que estaría en vigor en otoño.

Según ha podido saber EL MUNDO, el plan está pendiente únicamente de la aprobación por parte de la junta directiva del Idae (que es quien tiene que gestionar las ayudas) y no tiene que pasar por el Consejo de Ministros, aunque si es de prever un anuncio por parte del Ministro de Energia, Turismo y Agenda Digital, Alvaro Nadal. La dirección del Idea se reúne la última semana de cada mes.

A diferencia de lo ocurrido con los anteriores Planes Pive, este nuevo programa dejará fuera de las subvenciones a los coches con motores de gasolina y diésel únicamente, incluso los más eficientes que cumplen con la normativa Euro 6. De hecho, se conoce internamente como ProMovea y vendría ser una especie de réplica del plan Movea que beneficia a los compradores de vehículos alternativos, es decir eléctricos 100%, híbridos puros o ‘enchufables’ y de gas, bien sean de GLP (gas licuado del petróleo) o de GNC (Gas Natural Comprimido).

Según el reparto de los fondos que se ha decidido, la mayor parte (30 millones) irá destinada a mejorar las infraestructuras de recarga y los restantes 20 millones de euros, directamente a los vehículos que se adquieran. En el último Movea, con poco más de 16 millones de euros en todos los conceptos, las ayudas apenas duraron unas horas por la gran cantidad de operaciones que se habían realizado con anterioridad a la aprobación del programa.

Durante los últimos meses, el debate por el reparto de los fondos asignados ha sido una constante incluso dentro del propio sector, ya que la oferta de vehículos alternativos es muy escasa en algunas de las marcas que operan en nuestro país. Además, en este tiempo también se ha producido un desplazamiento dentro del propio Ejecutivo de tal forma que la última palabra ha pasado a tenerla Energía en lugar de Industria. Hay que tener en cuenta que la partida presupuestaria de los 50 millones de euros destinados a las ayudas corresponde al Ministerio de Energía en la dotación de los Presupuestos Generales del Estado.

Arturo Pérez de Lucia, director general de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (Aedive), explica que una de las novedades también radica precisamente en que “será el Idae y no Tragsa el encargado de tramitar los expedientes de ayudas”. El Idae pertenece al Ministerio, mientras que Tragsa es una empresa externa, lo que “hace más farragosa la tramitación y acorta los plazos”.

Pérez de Lucía insiste en que “estos planes deben tener continuidad” aunque una posible prórroga de los Presupuestos Generales del Estado perjudicaría dicha continuidad, ya que, el Ministerio de Energía sólo contaría con otros 50 millones de euros más.

Desde Aedive entienden que “ahora la preocupación para la gente radica más en la falta de infraestructuras de recarga”. Y ello viene dado por “el esfuerzo de los fabricantes de vehículos que paulatinamente van abaratando sus productos y que han introducido una mayor gama de modelos en el mercado.

Desde Anfac, la patronal de los fabricantes de automóviles presentes en España y defensora de las ayudas a los vehículos diésel y de gasolina de última generación (Euro VI), Mario Armero, su vicepresidente ejecutivo explica que “estamos convencidos de que los estímulos son una eficaz herramienta para incrementar la cuota de vehículo alternativo sobre el total del mercado y lograr, de esta forma, una movilidad más baja en carbono y sostenible. Pero si queremos que este tipo de vehículos siga incrementando su presencia en el mercado y su popularidad, estos estímulos deberán tener continuidad en el tiempo”.

Por otra parte, la subdirectora adjunta de Vehículos de la Dirección General de Trafíco (DGT), Susana Gómez, ha dicho que los planes de incentivo a la compra de vehículos nuevos no se rijan sólo por la eficiencia energética del coche, sino que también tengan en cuenta los elementos de seguridad que estos equipan, como ya hace Portugal.

Gómez ha afirmado, durante su intervención en el ‘I Observatorio del Vehículo Usado de la Distribución Oficial’, organizado por la Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción (Faconauto) y Traffic, que la DGT se está planteando realizar una nueva clasificación de los automóviles en función del equipamiento de seguridad que incorporan, ya que España se sitúa como el cuarto país con mayor índice de siniestralidad de la Unión Europea.

Fuente: elmundo.es