El informe Brundtland, consecuencia de la reunión de la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1987 celebrada en Tokio, abordó por primera vez de forma concreta el concepto de desarrollo sostenible, definiéndolo como «el desarrollo que cubre las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de cubrir sus propias necesidades».

El Protocolo de Kioto marca un objetivo de reducción global del 5 % de tres gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, gas metano, óxido nitroso y tres gases de origen industrial). La contribución española a este objetivo consistía en no superar un aumento del 15 % de las emisiones de estos gases en 2012 con respecto a las cifras de 1990, meta que está lejos de cumplirse.

El transporte, y particularmente el uso del vehículo privado, es una de las principales causas del consumo energético; de hecho, es el responsable de aproximadamente el 40 % del consumo energético en nuestro país y, por tanto, uno de los principales responsables del crecimiento de emisiones de gases de efecto invernadero. Los combustibles fósiles son insostenibles, por lo que se están desarrollando a nivel mundial estrategias de sustitución de fuentes energéticas: combustibles alternativos (gas, GLP, etanol…), vehículos eléctricos, así como estrategias de usos más sostenibles (coche compartido).

El problema se presenta con mayor complejidad en las grandes ciudades, donde con el objetivo de hacer la movilidad más sostenible, se han implantado medios de transporte de mayor calidad sin lograr un cambio significativo en los patrones de movilidad. Y es que tan importante resulta modernizar los modos de transporte como cambiar las costumbres de movilidad por otras más sostenibles: viajes a pie, en bici y en transporte público.

El transporte público es uno de los pilares sobre los que se ha de desarrollar la movilidad sostenible. Los transportes públicos tienen costes variables, básicamente, en función del modo que se trate. Los metros y tranvías cuestan más por viajero transportado que los autobuses, y entre éstos, los interurbanos (básicamente por su menor consumo de combustible por kilómetro) son más baratos que los urbanos. Los ciudadanos suelen pagar unos costes (tarifas) y las administraciones el resto (subvenciones); el sistema de copago está, por tanto, implantado en el transporte público prácticamente desde sus orígenes. En el metro, el usuario apenas paga un 30 % del coste y en el extremo, en los transportes interurbanos por carretera, el usuario paga el 100% del coste.

El sistema de transporte público contribuye de manera importante a la movilidad sostenible, con costes variables según los sistemas empleados. Es preciso continuar la senda de inversión y gasto público, con nuevos y mejor diseñados criterios de eficacia, para convencer a los usuarios del vehículo privado a utilizar el transporte público, la bicicleta o el viaje a pie; un recorte en las subvenciones de transporte público producirá un incremento en las tarifas que pagamos los ciudadanos, circunstancia que propiciará un trasvase al transporte privado que disminuiría la sostenibilidad, sin entrar en otros aspectos de inequidad que también se producirán.

El reto para las Administraciones es, por tanto, conseguir la mayor oferta de transporte público (en plazas por kilómetro) al menor coste, activar políticas tarifarias atractivas, fomentar la fidelización al transporte público, mejorar la gestión de las empresas públicas de transporte, impulsar la transparencia en los costes de producción del transporte e involucrar a los ciudadanos en las decisiones de planificación y gestión, de manera que todos nos sintamos corresponsables de la eficacia del transporte público, como apoyo a la movilidad sotenible. Está probado que en el sistema metropolitano de transporte, una buena oferta de medios públicos y una adecuada política tarifaria, unida a ciertas restricciones al uso indiscriminado del automóvil, consiguen transvases del vehículo privado al transporte público, mejorando, por tanto, la sostenibilidad del sistema. Hemos de seguir perseverando en esta política, a pesar de la crisis, y mejorar la percepción y las actitudes de la población ante la movilidad urbana sostenible, como reto para todos.

Fuente: levante-emv.com

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