El Gobierno, consciente de que en España “aún existen niveles de contaminación preocupantes para la salud humana y el medio ambiente”, quiere penalizar fiscalmente a los coches más sucios.

Y tiene previsto hacerlo reformando el impuesto de circulación, según recoge el Plan nacional de calidad del aire y protección de la atmósfera 2013-2016, que ayer salió a información pública. El texto prevé reformar el impuesto, que se paga cada año y recaudan los consistorios, mediante “la inclusión de criterios ambientales”. La filosofía que subyace es que “quien contamina, paga”.

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente colgó ayer por la tarde en su página web una versión ligeramente modificada de un borrador previo, con fecha de 10 de enero y al que tuvo acceso EL PAÍS, en la que suaviza el enunciado de esta medida, la 12.1., que pasa de titularse “reforma del impuesto” a “creación de un grupo de trabajo para la evaluación de la reforma del impuesto”. El cambio puede deberse a que alguna instancia ha pedido modificar el borrador de enero, que circuló entre comunidades autónomas, ministerios y algún Ayuntamiento. Hacienda, por ejemplo, siempre se ha opuesto a que Medio Ambiente entrara en cuestiones fiscales.

Actualmente, el impuesto de circulación grava en función de la potencia fiscal de los motores. Lo que pretende el ministerio es que lo haga según el grado de contaminación que emiten los vehículos (dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno y partículas). El plan señala que el cambio se acordará con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para que “ningún Ayuntamiento pierda ingresos por aplicar el nuevo impuesto”. Los vehículos más antiguos, que son también los que más contaminan, pagarán más. El borrador propone fijar un tipo impositivo mínimo y otro máximo para que las ciudades tengan margen de maniobra: “La contaminación atmosférica no reviste la misma gravedad en ciudades como Barcelona, Madrid o Sevilla que en centros urbanos poco poblados”.

La propuesta del plan de calidad del aire es muy similar a la que hizo el entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), a principios de 2011. Un episodio prolongado de boina sobre la capital había obligado al Ayuntamiento a alertar de los altos niveles de contaminación en los paneles de la M-30, la vía de circunvalación de la ciudad. Gallardón anunció que iba a “instar” al Gobierno a que “iguale o penalice la tributación del combustible diésel” —responsable de los altos niveles de dióxido de nitrógeno en las ciudades— sobre el de gasolina. La FEMP tumbó su iniciativa.

También la entonces ministra de Medio Ambiente Rosa Aguilar propuso en el plan de calidad del aire elaborado por el anterior Gobierno socialista medidas para equiparar la fiscalidad del diésel y la gasolina. No eran obligatorias. El último Consejo de Ministros de la legislatura, del 4 de noviembre de 2011, aprobó el plan. A los pocos meses, el nuevo ministro, Miguel Arias Cañete (PP), aseguró que pensaba cambiar el plan heredado de su antecesora para hacerlo “más realista”. La reforma fiscal se justifica así —y es igual en los dos textos—: “A pesar de las medidas medioambientales que se vienen adoptando en los últimos años, la calidad del aire, fundamentalmente en los centros urbanos más importantes, continúa estando por debajo de los estándares regulados. Esta reflexión nos lleva a concluir que es preciso abordar este problema utilizando instrumentos hasta ahora no considerados”.

Fuente: faconauto.com

Comparte nuestro contenido en las redes socialesShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn