El Pleno del Congreso convalidará mañana el decreto ley por el que se autoriza una quinta ampliación del Programa de Incentivos al Vehículo Eficiente (PIVE-6) que, desde el pasado 27 de junio, ha puesto en circulación 175 millones de euros para renovar la flota de automóviles españoles.

Los fondos, que podrán solicitarse hasta finales de año, permitirán la sustitución de un máximo de 175.000 vehículos turismos de más de diez años o de vehículos comerciales de más de siete años por otros nuevos más seguros y menos contaminantes.

Del total de 2.000 euros de ayuda que perciben los solicitantes, bajo las mismas condiciones que en anteriores ediciones del plan, la mitad es aportada por el Gobierno, mientras que la otra mitad la aportan los puntos de venta de vehículos. El Plan PIVE, al igual que en las ediciones anteriores, se gestiona a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA).

CON CARGO A DEUDA

Estos 175 millones de euros se financiarán con cargo a deuda pública, ante la imposibilidad legal de cargar este nuevo gasto al Fondo de Contingencia de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), tal y como reconoce el Gobierno en la memoria de impacto que acompaña a la norma.

Dicho texto, que recoge Europa Press, recuerda que el PIVE-5, autorizado en enero, fue dotado con 175 millones de euros con el objetivo de retirar de la circulación hasta 175.000 vehículos antiguos. Sin embargo, como ya había sucedido con las anteriores ediciones del plan, “el ritmo de reservas superó las previsiones iniciales” y el dinero se agostó el 4 de junio.

“Ante esta circunstancia y para no provocar la interrupción del programa, lo que supondría un efecto negativo para el mercado del automóvil que se considera necesario evitar”, el Ministerio de Industria propone una nueva convocatoria que se prolongará hasta final de año.

Sin embargo, dado que este gasto se deriva de una decisión discrecional del Ejecutivo y no de una obligación o dotación “jurídicamente ineludible”, su financiación ha de realizarse con cargo a la deuda, en lugar de recurrir al Fondo de Contingencia, reservado para los primeros supuestos según figura en la Ley General Presupuestaria.

Fuente: europapress.es

 

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