La Comisión Europea puede denunciar España ante el Tribunal de Justicia de la UE el próximo 25 de julio si no se toman medidas urgentes para reducir la contaminación en el área metropolitana de Barcelona y en Madrid.

El primer paso fue la carta enviada esta semana por el comisario europeo de Medio Ambiente, Karmenu Vella a la ministra española de Transición Ecológica, Teresa Ribera que se conoció ayer. En la misiva, se pide un reforzamiento de las medidas de calidad del aire ante el incumplimiento de los límites que marca la normativa de la UE.

Hoy fuentes europeas han indicado que, si no hay una respuesta rápida, la decisión de denunciar el caso al tribunal de la UE, con el riesgo de imposición de fuertes multas, podría tomarse a finales de este mes, en concreto el 25 de julio.

Se lo están planteando, aunque aún no hay decisión tomada. Dependerá también de la respuesta de las autoridades españolas. La reversión del proyecto Madrid Central ha hecho sonar las alarmas en Bruselas, y ha reactivado un tema, el del incumplimiento de los límites de contaminación en las grandes ciudades españoles, que lleva años arrastrándose.

España ya se salvó in extremis en mayo de 2018 de ser denunciada al tribunal de justicia por los elevados niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) en Madrid y en el área metropolitana de Barcelona. En aquella ocasión, 6 países fueron denunciados al tribunal por no respetar los límites de contaminación atmosférica. En concreto, Francia, Alemania y el Reino Unido lo fueron por no respetar los límites de dióxido de nitrógeno (NO2), y tres países más, Hungría, Italia y Rumania, por los elevados niveles de partículas (PM10).

España se salvó al considerar la Comisión Europea que “las medidas que se están adoptando o que están previstas parecen ser las adecuadas para hacer frente a las carencias detectadas, siempre y cuando se ejecuten correctamente”. España se libró pero con la advertencia de que se seguiría “supervisando de cerca” la ejecución y la eficacia de estas medidas. Evidentemente, la retirada de Madrid Central va en dirección contraria a las promesas de 2018 que permitieron evitar la denuncia ante el Tribunal de Justicia, y la potencial denuncia vuelve a estar sobre la mesa.

Fuente: lavanguardia.com