El Parlamento balear ha aprobado en el pleno celebrado este martes la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que recoge una serie de medidas pioneras en España para reducir las emisiones contaminantes de manera progresiva, como por ejemplo la prohibición de los coches diésel en 2025 y con gasolina en 2035 en toda la Comunidad. Esta medida concreta de la nueva ley autonómica ha suscitado recientemente el rechazo de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, así como también de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Como se ha señalado, la Ley de Cambio Climático prevé prohibir la circulación de coches y de motos diésel en el Archipiélago a partir de 2025. Con posterioridad, a partir de 2035, dicha prohibición afectará también a la circulación de vehículos contaminantes con gasolina, incluidos camiones y furgonetas. En cualquier caso, no estarán sujetos a esas limitaciones los autos del parque móvil de Baleares matriculados con anterioridad, que podrán seguir activos hasta el final de su vida útil.

Cabe recordar que el proyecto de ley de esta iniciativa había sido aprobado en agosto del pasado año por el Ejecutivo que preside la socialista Francina Armengol. El proyecto fue elaborado por la Consejería de Territorio, Energía y Movilidad, que dirige el socialista Marc Pons. Precisamente, ha sido Pons quien ha defendido este martes el contenido de la nueva norma. «Baleares necesita de un plan de acción global, transversal y valiente», ha dicho, añadiendo que se precisa «alguna cosa más que medidas individuales» o «iniciativas aisladas». Han votado a favor de la Ley de Cambio Climático el PSOE, MÉS por Mallorca, MÉS por Menorca y Podemos.

Por su parte, el presidente del PP balear y portavoz popular en el Parlamento regional, Biel Company, ha indicado que si bien a su juicio hay medidas «correctas» en la nueva ley, la modificará «de forma inmediata» en caso de llegar a gobernar en Baleares tras los comicios autonómicos del próximo mes de mayo. Uno de los cambios que haría Company sería en relación a los plazos fijados ahora para prohibir los vehículos contaminantes, que se retrasarían. En el mismo sentido crítico se ha expresado la diputada de Cs Olga Ballester, que tampoco está de acuerdo con el calendario previsto de aplicación de la nueva ley. Por su parte, el diputado de Proposta per les Illes (PI) Josep Melià ha insistido en la necesidad de que haya una mayor concreción en varios puntos de la citada norma.

Otras medidas

La Ley de Cambio Climático también hace referencia a las empresas de «rent a car», con gran presencia en Baleares. Dichas empresas de alquiler de coches deberán incorporar vehículos eléctricos o no contaminantes a partir de 2020, en una proporción que irá del 2 por cien en ese año al 100 por cien en 2035. En ese contexto, los «rent a car» deberán informar regularmente al Gobierno balear, a través de sucesivos listados, de su número total de vehículos contaminantes y de vehículos de emisiones cero, que además llevarán pegatinas identificativas. Con esas medidas y con las ya mencionadas, el Ejecutivo regional prevé que en 2050 el 100 por cien de los vehículos sean eléctricos en Baleares.

Otro de los objetivos destacados de esta nueva ley es potenciar el uso de las energías renovables. En ese sentido, será obligatorio instalar placas solares en los grandes aparcamientos y en las nuevas edificaciones de más de 1.000 metros cuadrados. Por otra parte, a partir de 2020 se prevé además el cierre progresivo de las centrales contaminantes, como la central térmica de Es Murterar, ubicada en el municipio mallorquín de Alcudia. Esa medida afectará también a las centrales situadas en Menorca, Ibiza y Formentera. La futura ley prevé también que los municipios puedan establecer restricciones de circulación en las áreas en que se superen los valores límite de calidad del aire fijados. Por otro lado, se establecerán medidas para reducir la contaminación de los barcos y se tendrán que definir planes de sostenibilidad en relación a las emisiones ligadas al transporte aéreo.

Rechazo a la norma

La legalidad de la prevista prohibición de los coches diésel en 2025 y de los vehículos con gasolina en 2035 ha sido cuestionada por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac). De hecho, dicha patronal denunció el pasado mes de enero ante la Comisión Europea y ante el Consejo para la Unidad de Mercado el proyecto de ley elaborado por el Ejecutivo de Armengol. Para Anfac, las medidas previstas por el Govern son «arbitrarias, inidóneas y desproporcionadas». Además, dichas medidas «están huérfanas de cualquier respaldo técnico o científico» y suponen «un claro incumplimiento del derecho de la Unión Europea», así como de la Ley española 20/2013 de garantía de la unidad de mercado.

Más recientemente, la pasada semana, el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín, envió un escrito al presidente del Parlamento balear, Baltasar «Balti» Picornell, de Podemos, en el que advierte a la Cámara regional de los posibles «efectos negativos» que a nivel económico pueden tener algunas de las disposiciones previstas en la Ley de Cambio Climático. En concreto, Marín hace referencia a la prohibición de los vehículos diésel en 2025, medida que según algunos operadores podría suponer «potenciales restricciones a la competencia». Para el presidente de la CNMC, la prevista limitación de los coches contaminantes «parece no ajustarse a los principios de buena regulación». Además, en la nueva ley «no se ofrece un análisis de alternativas que pudiera justificar la decisión tomada».

Fuente: www.abc.es